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Nueva ley en España que obliga presentar DNI en locutorios y cibercafés

Cuando seguimos inmersos en la polémica sobre el trato a los inmigrantes que intentan acceder a territorio español a través de la valla de Melilla, una nueva ley podría asfixiar un poco más a aquellas personas sin papeles que estén residiendo en España. El anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 29 de noviembre obligaría a presentar un DNI español para poder comunicarse desde locutorios y cibercafés.

En el artículo 24 del borrador del Anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana (dentro de su capítulo IV), se especifica que deberán estar documentadas aquellas personas «que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana», entre las cuales se encuentra «el acceso a servicios telefónicos o telemáticos de uso público.

Además de los servicios de telecomunicaciones, dicho artículo 24 prohíbe actividades tales como hospedaje, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte.

Las actividades económicas enumeradas en ese punto del borrador ya están obligadas en la actualidad a disponer de algún tipo de registro de sus transacciones y de las personas que han recurrido a sus servicios. La única excepción en ese sentido de todos los negocios a los que se refiere el artículo 24 eran los locutorios y los cibercafés, que no estaban regulados por ninguna norma de seguridad, ni a nivel estatal ni a nivel a autonómico. Con la nueva ley, los propietarios de este tipo de comercios deberán fotocopiar o escanear el DNI de sus clientes o un documento equivalente y almacenar esa información para que pueda ser consultada en cualquier momento por las autoridades administrativas competentes, es decir, Ministerio del Interior, delegaciones del Gobierno, comunidades autónomas con las competencias de seguridad transferidas y servicios de inteligencia.

Aquellos negocios que no cumplan esta normativa se enfrentarán a una infracción administrativa grave, con multas que irán desde los 1001 a 30.000 euros. En este aspecto, no se dice nada acerca de los usuarios indocumentados, aunque se supone que éstos no podrán hacer uso de estos establecimientos (a menos que sus propietarios quieran enfrentarse a una multa).

Entiendo que la seguridad ciudadana es un problema que nos preocupa a todos, aunque creo que este tipo de medidas no harán otra cosa que incrementar el odio hacia España y sus dirigentes. Dudo que un supuesto criminal internacional vaya a utilizar un cibercafé o locutorio para planear sus operaciones. Más bien, lo que se intenta es hacer el día a día más difícil a aquellas personas que están residiendo en nuestro país lejos de sus familiares, una política injusta y descerebrada, ya que miles de españoles están teniendo que emigrar a causa de la crisis a otros países.

El envío de dinero por medio de estos establecimientos me parece normal que lo regulen, pero prohibir el uso de comunicaciones a todo tipo de personas sin papeles me parece una medida muy restrictiva y que le sigue quitando más cosas a los que «no tienen nada». Es el cuento de que siempre se repite: pagar todos por lo que hacen unos pocos.

Fuente:DiarioElconfidencial

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