Según el Departamento de Transporte del Reino Unido, a fecha de 1 de abril de 2026 existen 119.080 puntos de recarga pública para vehículos eléctricos (VE), sustituyendo la antigua métrica de «dispositivos de carga» que contabilizaba 92.141. En Europa, el ritmo de expansión ha sido aún más rápido, superando los 1,2 millones de puntos de recarga públicos en julio de 2026, impulsado en gran medida por la directiva AFIR de la UE, que fomentó la implementación generalizada de sistemas de pago de bucle abierto.
Este rápido desarrollo ha generado nuevos desafíos y ha convertido a las infraestructuras de recarga en un objetivo creciente para el fraude en Europa. Aunque el sistema de recarga tiende a estandarizarse, continúa siendo fragmentado y depende de una combinación compleja de sistemas de pago, acuerdos de roaming y protocolos de comunicación, lo que multiplica las vulnerabilidades.
Factores que convierten la recarga de VE en un foco de fraude
Existen tres causas estructurales que aumentan la susceptibilidad al fraude en este sector: 
- Transición hacia pagos de bucle abierto: La directiva AFIR exige que a partir de 2024, los puntos de recarga públicos en la UE ofrezcan métodos de pago abiertos y contactless. Estudios como el de uScale Digital revelan que el 46 % de los conductores europeos usan tarjetas de crédito o débito para pagar en estos puntos, mientras que un 39 % utiliza pagos ad hoc desde el móvil. La desaparición del sistema cerrado basado en RFID, aunque elimina fricciones al usuario, también reduce una capa de protección contra fraudes. Sin embargo, esos sistemas cerrados tampoco están exentos de vulnerabilidades.
- Infraestructura distribuida y sin supervisión física constante: A diferencia de las gasolineras tradicionales, muchos puntos de recarga permanecen sin vigilancia durante semanas. Cargadores en farolas o áreas de servicio a lo largo de autopistas carecen en ocasiones de cámaras o personal, facilitando el fraude físico y el vandalismo no detectados.
- Complejidad de protocolos y ecosistema: La red de carga integra operadores de puntos de recarga (CPO), proveedores de servicios de e-movilidad (EMP), hubs de roaming y protocolos como OCPP para la comunicación entre dispositivos y sistemas de gestión. Según el Informe de Ciberseguridad 2026 de Upstream Security, el 61 % de los incidentes en movilidad inteligente podrían afectar a miles o millones de activos simultáneamente, reflejando cómo una sola vulnerabilidad puede impactar a nivel continental.
Incidencias y fraudes documentados en la recarga de vehículos eléctricos
A pesar del auge en fraudes relacionados con la recarga pública, la industria carece de estadísticas estándar y completas sobre pérdidas, complicando la cuantificación precisa del problema. No obstante, investigaciones basadas en solicitudes de información pública y estudios revelan indicios claros:
- Más de 200 casos de robo y vandalismo en puntos de recarga en el Reino Unido, según respuestas de varias fuerzas policiales. Un informe de Allego UK estima que hasta el 5 % de las estaciones pueden verse afectadas, aunque el 40 % de las fuerzas no ofrecieron datos o carecen de registros específicos.
- Operadores europeos reportan pérdidas anuales de seis cifras debido a sesiones fraudulentas de roaming no autorizadas, descubiertas principalmente en procesos de conciliación de pagos.
- Un estudio en Países Bajos detectó un aumento abrupto en 2025 de fraudes por clonación de tarjetas RFID en servicios de movilidad compartida, generando miles de euros en costes fraudulentos hasta la implementación de controles en tiempo real.
- En otro caso destacado, un fraude con tarjetas RFID en los Países Bajos causó daños valorados en 217.000 euros, llevando a los reguladores a reforzar las normas ISO 15118 y los requisitos de ciberseguridad.
Seis modalidades de fraude que afectan a la recarga pública
La actividad fraudulenta en este ámbito se presenta en diversas formas con distintas complejidades:
- Fraude mediante sustitución de códigos QR, conocido como “quishing”, que manipula los pagos a través de escaneos fraudulentos.
- Aplicaciones falsas para recarga, diseñadas para capturar credenciales y datos de pago de los usuarios.
- Fraude durante el roaming, con robo de credenciales para uso indebido en redes fragmentadas y multioperadores en Europa.
- Manipulación de sesiones y protocolos OCPP para generar facturaciones o acumulaciones fraudulentas de puntos de fidelidad.
- Clonación o uso de tarjetas RFID robadas en estaciones con tarifas elevadas, explotando vulnerabilidades físicas o electrónicas.
- Ingeniería social dirigida a conductores afectados por la ansiedad o presión de encontrar un punto de recarga, especialmente en estaciones sin supervisión.
Impacto competitivo y regulatorio
El fraude en la recarga de VE supone un problema grave que afecta directamente a la confianza de los usuarios y a la sostenibilidad del negocio. Los conductores víctimas o expuestos a irregularidades probablemente rechazarán utilizar ciertos puntos o redes, repercutiendo en la fidelización y rentabilidad de los operadores.
Ante esta situación, los reguladores han endurecido las normativas relacionadas con pagos, autenticación, transparencia de datos y ciberseguridad, presionando hacia controles más estrictos y sistemas robustos contra el fraude.
Los operadores que adopten soluciones avanzadas de detección y prevención de fraudes antes de que se produzcan ataques severos marcarán la diferencia en términos de seguridad y confianza. Ignorar estas amenazas implicará costes económicos, daño reputacional y gastos mayores en remedición, especialmente conforme crecen los pagos de bucle abierto, donde cumplir con las normativas de redes de tarjetas será imperativo.
En este contexto, es fundamental colaborar con proveedores especializados que conozcan a fondo tanto el fraude en sistemas cerrados (RFID, tarjetas) como en abiertos, para diseñar estrategias de defensa integrales y adaptadas a la evolución tecnológica del sector.
