Este mes, Japón anunció oficialmente una emergencia cibernética nacional después de sufrir una serie de ataques que han comprometido a empresas e instituciones en todo el territorio. Sectores esenciales como el transporte ferroviario, los servicios de internet, el comercio minorista e incluso la policía han sido afectados, según informó el Financial Times.
La situación llegó a tal punto que el regulador de servicios financieros del país recomendó a los bancos no aceptar licencias de conducir como prueba de identidad para aperturas de nuevas cuentas, poniendo de manifiesto el nivel alarmante de infiltraciones.
La declaración, realizada por la agencia nacional de ciberseguridad NCHS, es un hecho poco habitual a nivel mundial, donde salvo contadas excepciones pocos países levantan este tipo de alertas, aunque sí han advertido sobre un aumento de las amenazas cibernéticas. 
Los incidentes más destacados incluyen la brecha de seguridad de la operadora ferroviaria JR East, que comprometió 1,67 millones de direcciones de correo electrónico; la pérdida masiva de escaneos de licencias de conducir por parte de la empresa de alquiler de coches Times Car, y un ataque de ransomware dirigido contra el proveedor de servicios en la nube IDC Frontier. Estas vulnerabilidades están interconectadas y también involucran a otras entidades públicas, evidenciando el riesgo que suponen los ataques a la cadena de suministro.
Alexandra Rose, responsable de Asuntos Globales en la compañía de ciberseguridad Sophos, explicó que estos casos demuestran cómo un atacante no necesita comprometer múltiples organizaciones por separado para causar un daño masivo. Basta con acceder a un único eslabón para propagarse a través de sistemas interconectados y paralizar servicios de los que dependen numerosas entidades y clientes.
La gravedad de los ataques en Japón
Aunque Japón no se considera particularmente vulnerable frente a otras naciones desarrolladas, los expertos apuntan un aumento en la violencia de los ataques, aunque no necesariamente en su cantidad. Además, algunos negocios mostraron una preparación insuficiente para afrontar estas amenazas.
Rob Demain, fundador de la firma de seguridad e2e-assure, comentó que la declaración responde a la gravedad creciente de los ataques, destacando el caso de IDC Frontier, una plataforma que tuvo que suspender su servicio debido a la gravedad del ataque.
En paralelo, el gobierno nipón está impulsando medidas de defensa cibernética activa (ACD), permitiendo a fuerzas policiales intervenir contra los atacantes, desmantelar servidores comprometidos y neutralizar amenazas. Se están también considerando reformas estratégicas para reforzar el uso de inteligencia artificial en la defensa cibernética, tras recientes propuestas en el Parlamento para fortalecer estas capacidades.
No obstante, esta declaración pública conlleva riesgos, como la posible complacencia de las empresas que podrían depender excesivamente de la intervención gubernamental en lugar de adoptar medidas preventivas propias. Asimismo, existe el peligro de que la amplificación del mensaje derive en saturación informativa, perdiendo impacto.
Demain plantea la preocupación sobre la eficacia de repetir alarmas como «emergencia cibernética» hasta que el público deje de considerar el mensaje relevante. Sin embargo, reconoce que en Japón esta ha sido una medida inédita que probablemente haya captado la atención necesaria para extremar la precaución.
Pero no todos comparten esta opinión. Nazir Esmail, responsable de seguridad autónoma en la empresa de software Sapiens, advierte que declarar una emergencia tiene valor sólo si se acompaña de cambios prácticos y no meros discursos. Según Esmail, los responsables de seguridad ya están concienciados sobre las amenazas y lo que precisan es acceso rápido a inteligencia accionable y que exista una coordinación efectiva en la respuesta cuando se comprometen infraestructuras críticas para minimizar impactos y acelerar la recuperación.
Más allá de las palabras: impacto real en las empresas
La interrogante principal es si esta declaración de emergencia traerá beneficios tangibles para las empresas y el ecosistema de seguridad en general. En caso de que conlleve recursos adicionales o financiamiento, la reacción de los responsables de seguridad corporativa, como los CISOs, sería positiva. Además, la postura oficial puede facilitar que estos líderes impulsen internamente políticas de ciberseguridad con mayor respaldo.
Charl van der Walt, investigador principal en Orange Cyberdefense, recuerda que declaraciones similares, como la estado de emergencia nacional declarado en Costa Rica en 2022 tras varios ataques de ransomware, permitieron desbloquear recursos adicionales. Sin embargo, la emergencia cibernética en Japón no ha alcanzado ese nivel.
Para Van der Walt, la reacción japonesa fue una respuesta inmediata a una serie de incidentes, entre ellos un ataque a un proveedor de infraestructura como servicio que afectó a cerca de 500 empresas, causando un efecto dominó dentro de la cadena.
El experto compara este suceso con un ataque parecido en Corea del Sur que comprometió una plataforma de software común y afectó a muchas compañías. A su vez, destaca que Japón registra menos filtraciones públicas de datos respecto a su tamaño económico, posiblemente porque algunas empresas optan por pagar el rescate para evitar exposiciones públicas.
Por razones de seguridad y estrategia internacional, no se conocen los protocolos exactos que el gobierno japonés o cualquier Estado aplican ante emergencias cibernéticas. Esto se entiende dada la creciente participación de ataques en conflictos híbridos y zonas grises de confrontación, donde el elemento sorpresa y la disuasión son clave.
Van der Walt subraya dos objetivos principales de anunciar una emergencia cibernética: primero, como señal de advertencia a posibles atacantes para contener su actividad – parte importante de la diplomacia y el derecho internacional humanitario–; segundo, para generar conciencia entre la población y mantener la confianza en la economía y sociedad niponas.
En definitiva, añade, esta clase de mensajes deben emplearse con cautela para no perder credibilidad ni minar la percepción pública de seguridad, aspectos vitales para la resiliencia nacional.
