Un comité conjunto de la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores ha instado a la creación de una nueva ley que regule la inteligencia artificial (IA) ante las amenazas que esta tecnología representa para los derechos humanos. Según un informe presentado por el Comité Conjunto de Derechos Humanos (JCHR) del Parlamento británico, el marco legal y regulatorio actual resulta insuficiente y es urgente introducir una regulación más sólida y adaptada.
La propuesta central del comité es establecer un organismo independiente y con base legal que supervise de manera integral el desarrollo, implementación y uso de la IA en todo el Reino Unido. Este nuevo ente tendría la potestad de ser el punto de referencia para denunciar usos indebidos, supervisar a las empresas del sector y evaluar posibles daños o riesgos. Además, contaría con amplios poderes para hacer rendir cuentas a los proveedores de IA, incluyendo la facultad para fijar códigos de conducta, exigir transparencia y aplicar sanciones cuando sea necesario.
Alex Sobel, presidente del JCHR, subrayó que la inteligencia artificial representa una era revolucionaria en el desarrollo tecnológico, con el potencial de transformar la vida cotidiana para bien o para mal. “El avance de la IA es tan rápido y complejo que resulta complicado predecir con exactitud su impacto. Lo que es evidente, sin embargo, es que actualmente no estamos preparados para afrontar las consecuencias, que pueden ser muy graves”, señaló. 
El comité destacó que actualmente la interacción entre los desarrolladores de modelos de IA y el Instituto de Seguridad en IA se basa en la cooperación voluntaria, sin que este instituto disponga de potestades legales. Por ello, los organismos reguladores carecen de autoridad para evaluar los sistemas de IA antes de su lanzamiento o impedir su comercialización si se determinan riesgos inaceptables.
Además, el marco jurídico vigente se apoya en leyes sectoriales y centradas en daños específicos, sin contemplar de forma efectiva los riesgos prevenibles para los derechos humanos ocasionados por la IA. “Ningún país, ni siquiera el Reino Unido, cuenta con una regulación que sea adecuada para hacer frente a la inteligencia artificial. Se necesita una ley nueva que establezca protecciones integrales para toda la cadena de suministro y el ciclo de vida de la IA”, expuso Sobel.
El informe propone que la nueva ley establezca una distinción clara entre los sistemas de IA de bajo riesgo, que quedarían sujetos a requisitos menos estrictos, y los de alto riesgo, que deberían cumplir con exigencias más rigurosas.
Asimismo, el comité aboga por la prohibición expresa de ciertos usos de la IA que vulneran los derechos humanos, como técnicas subliminales o el uso inadecuado de perfiles y datos biométricos. Estas prohibiciones deberían definirse con la participación ciudadana en consultas públicas.
El conjunto del ciclo de vida de la IA se deberá regular de manera integral, con la obligación para todas las partes involucradas en la cadena de suministro de llevar a cabo una diligencia debida que evite riesgos inaceptables para los derechos humanos durante el diseño, desarrollo y despliegue de sistemas de inteligencia artificial. Estas obligaciones se graduarían dependiendo del papel y los riesgos asociados a cada actor.
El informe también reclama una mayor transparencia en todo el proceso, exigiendo que los sistemas de IA que puedan afectar considerablemente a personas, grupos o comunidades anuncien de forma clara cuándo y cómo se están utilizando.
Otro aspecto relevante es la necesidad de clarificar y reforzar la legislación en materia de protección de datos para garantizar la correcta aplicación de estas salvaguardas y evitar el uso indebido de la toma de decisiones automatizadas.
En opinión de Sophie Sheldon, socia del bufete internacional Simmons & Simmons, “el informe confirma que el mosaico actual de reguladores sectoriales en el Reino Unido no consigue abordar con eficacia los riesgos que la IA representa para los derechos fundamentales.” Según Sheldon, “ya sea mediante la creación de un organismo único con potestad legal, similar al modelo europeo, o evolucionando el sistema sectorial actual, la exigencia de una regulación unificada y clara es cada vez mayor.”
El informe surge ante recientes alertas de expertos y empresas del sector que han pedido desacelerar el ritmo de avance de la inteligencia artificial. En los últimos días, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, manifestó su inquietud por la posibilidad de que las IA puedan llegar a funcionar como un enjambre capaz de controlar toda la red de Internet. Similares preocupaciones han sido expresadas por Elon Musk y Sam Altman, cofundador de OpenAI.
