El presupuesto de otoño presentado por el canciller John Healey incluye un paquete de medidas encaminadas a fomentar el desarrollo de centros de datos en todo el Reino Unido, procurando mantener un equilibrio positivo con las comunidades locales. Este enfoque se materializa a través del nuevo Data Centre Covenant, un pacto que exige a los promotores compromisos sólidos respecto a la capacidad energética demandada, el respaldo a la seguridad de suministro y la inversión en energías limpias y objetivos de cero emisiones netas.
El Gobierno ha presentado esta iniciativa como una propuesta clara: apoyará la ejecución más rápida y segura de los centros de datos imprescindibles para el país, a cambio de una gestión responsable que genere beneficios duraderos para las localidades implicadas. Según declaraciones oficiales, estas medidas pretenden retener una mayor parte de las ventajas que trae consigo la inteligencia artificial, sustentándolas en una infraestructura alineada con los intereses estratégicos a largo plazo del Reino Unido.
Uno de los pilares del pacto es la obligación de los desarrolladores de firmar un Plan de Beneficio Local, en el que se comprometan a realizar inversiones significativas, diseñadas en colaboración con la comunidad y proporcionadas a la escala del proyecto. Estas inversiones podrán orientarse a proyectos prioritarios para la zona, tales como mejoras en el transporte, espacios verdes o centros urbanísticos. 
También se requerirá a las empresas minimizar el consumo de agua y energía, así como aprovechar el calor residual generado para abastecer calentamiento en viviendas, escuelas, hospitales o comercios siempre que resulte viable. Desde Downing Street se ha subrayado que los promotores deben crear empleos bien remunerados y duraderos, priorizando la contratación local y fomentando la formación profesional mediante convenios con institutos, universidades y programas de aprendizaje.
Cuando no sea posible cubrir puestos con talento local, se espera que las compañías inviertan en educación y capacitación para ampliar el acceso de vecinos a esas oportunidades laborales en el futuro.
En materia de ciberseguridad, los centros deberán garantizar un acceso seguro y resiliente a servicios críticos y prioridades nacionales, cumpliendo con los estándares actuales y anticipándose a futuros desafíos en materia de ciberresiliencia. Además, se insta a colaborar con proveedores para diseñar planes frente a posibles disrupciones y participar en simulacros promovidos por el Gobierno para priorizar el funcionamiento de servicios esenciales.
Reacciones mixtas en el sector
Si bien las medidas se presentan con ambición, expertos del sector apuntan que muchas ya están en práctica por parte de grandes desarrolladores. Walter Kulvik, socio especializado en infraestructura digital del bufete Simmons & Simmons, señala que la inversión en comunidades locales y creación de empleo ha sido tradicional en los planes y presupuestos previos de promotores principales, por lo que la novedad real de la propuesta gubernamental podría ser limitada para grandes proyectos.
Para aquellos promotores capaces de cumplir los requisitos, el Gobierno estrenará un Centro de Control Ministerial destinado a agilizar el acceso a conexiones eléctricas. Este órgano utilizará poderes conferidos por la Ley de Planificación e Infraestructura para priorizar proyectos estratégicos, reservando capacidad futura y reasignándola según se libere en la cola de conexiones.
Además, esta entidad trabajará para identificar ubicaciones con capacidad eléctrica disponible antes de 2030 y facilitará el uso de energía temporal mientras se concluyen las conexiones a red definitivas.
A pesar de estas propuestas, Ash Gawthorp, director tecnológico de Scale Factory, advierte que los problemas estructurales del suministro eléctrico persistirán. Según él, aunque acelerar las conexiones y la generación local puede ayudar, no eliminará las limitaciones a gran escala. Ejemplificó con un proyecto de centro de datos enfocado en inteligencia artificial en Essex que ya perdió a su cliente principal debido a retrasos en la conexión eléctrica programada para mediados de la década de 2030. Gawthorp enfatizó que mantener datos sensibles del NHS y defensa en territorio británico exige contar con infraestructuras eléctricas fiables y robustas.
Kulvik añadió que la estrategia de incentivar inversiones en la comunidad ofreciendo acceso prioritario a la red o permisos para generación local podría favorecer la construcción de centros de datos a gran escala, especialmente cuando estos costes suponen una proporción menor del total. Sin embargo, los desarrollos de menor tamaño podrían hallar más dificultades para equilibrar sus cuentas.
Desde Schneider Electric, Matthew Baynes, vicepresidente de energía segura y centros de datos, calificó el anuncio del canciller como una oportunidad relevante para iniciar una nueva etapa de desarrollo responsable. Subrayó que la clave reside en la colaboración efectiva entre Gobierno, suministradores energéticos y la industria de centros de datos para convertir estas intenciones en hechos tangibles.
Baynes apuntó que adoptando tecnologías energéticas innovadoras y aplicando una planificación integrada de infraestructura se podrá liberar una nueva oleada de inversión en inteligencia artificial, garantizando que el crecimiento de los centros de datos sea sostenible, resiliente y aporte un valor duradero a las comunidades locales.
