La Unión Europea ha presentado una iniciativa legislativa denominada Ley de Desarrollo de Nube e Inteligencia Artificial (CADA, por sus siglas en inglés), diseñada para reforzar los sectores de computación en la nube y de IA dentro del continente, con la ambición de disminuir la dependencia de proveedores tecnológicos no europeos. Sin embargo, un análisis realizado por investigadores del Instituto de Derecho Informático (IViR) de la Universidad de Ámsterdam revela que este plan no logra cumplir plenamente con sus objetivos, especialmente en aspectos cruciales como la autonomía digital, la sostenibilidad medioambiental y las consecuencias sociales asociadas.
El CADA busca posicionar a Europa como un referente en tecnologías digitales avanzadas, fomentando una infraestructura de datos más soberana que permita a empresas y administraciones gestionar y proteger la información con mayor control y seguridad. Esto se propone alcanzar mediante regulaciones que incentiven la creación y el uso de servicios en la nube y soluciones de inteligencia artificial desarrollados dentro del marco europeo.
No obstante, los expertos del IViR alertan de que, pese a esas buenas intenciones, el diseño actual de la ley no contempla suficientes medidas para frenar la fuerte dependencia tecnológica de actores extranjeros. Además, señalan que la rapidez con la que están creciendo los centros de datos en Europa, esencial para esta estrategia, no está acompañada de una regulación adecuada que garantice la sostenibilidad ambiental ni evalúe las repercusiones sociales derivadas. 
Los investigadores critican que la expansión masiva de infraestructuras digitales implica altos consumos energéticos y emisiones contaminantes, un aspecto apenas mencionado en el texto legislativo, que debería priorizar un desarrollo tecnológico respetuoso con el medio ambiente. También subrayan la importancia de considerar el impacto social, como los efectos sobre el empleo y las desigualdades digitales, que podrían profundizarse sin políticas inclusivas y coherentes.
En definitiva, el análisis del IViR pone en evidencia que, aunque el plan europeo pretende avanzar hacia una mayor independencia digital, carece de una visión integral para enfrentar los retos medioambientales y sociales que conlleva la digitalización acelerada. La legislación necesitaría reforzarse para garantizar que el crecimiento tecnológico sea sostenible y beneficie de manera equitativa a la sociedad europea.
