La Comisión Europea ha presentado el proyecto de ley denominado Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA, por sus siglas en inglés), dentro del paquete de Soberanía Tecnológica, que busca reforzar el control europeo sobre las infraestructuras digitales. Sin embargo, un análisis reciente realizado por la asociación tecnológica techUK alerta de que esta legislación podría perjudicar gravemente a las empresas británicas, cerrándoles prácticamente el acceso a contratos públicos en la Unión Europea.
El estudio llevado a cabo por techUK estima que las normas propuestas por la UE podrían suponer una pérdida económica para el Reino Unido de entre 19.600 y 22.300 millones de libras en un periodo de cinco años. Esta cifra se debe principalmente a los estrictos requisitos de adquisición pública que introduciría la nueva normativa, enfocada en garantizar distintos niveles de «confianza» para proveedores de servicios en la nube y de inteligencia artificial que deseen participar en licitaciones públicas europeas.
La ley establece cuatro niveles de garantía, destinados a limitar la influencia de Estados externos sobre la infraestructura europea. Los niveles 3 y 4, los más exigentes, incluyen exigencias como que el personal responsable esté ubicado en la UE, que el procesamiento y almacenamiento de datos se realice exclusivamente dentro de la región, y que aquellos proveedores sujetos a control extranjero queden excluidos. 
Según techUK, estas restricciones harán que las empresas británicas tengan “muy difícil, si no imposible”, cumplir con los requisitos del nivel 3, que implica un alto nivel de confianza y controles específicos relacionados con la soberanía digital. En cuanto al nivel 4, que exige las condiciones más estrictas, el acceso para compañías del Reino Unido sería prácticamente inexistente.
Mientras que la Comisión Europea estima que solo un 10% de la contratación pública caerá bajo estos dos últimos niveles más altos, techUK argumenta que esta proporción subestima el impacto negativo para las compañías británicas. La organización modeló dos escenarios: en el más conservador, el porcentaje de contratos públicos bloqueados para empresas del Reino Unido aumentaría al 15% en dos años, incluyendo además una extensión progresiva de estos criterios al sector privado, lo que provocaría pérdidas de 19.600 millones de libras en cinco años. En un escenario más adverso, las empresas perderían además una parte creciente de contratos que actualmente mantienen, elevando el coste a 22.300 millones.
Un efecto dominó para el sector tecnológico
La legislación CADA cubrirá casi todos los ámbitos de la computación en la nube, abarcando Software como Servicio (SaaS), Infraestructura como Servicio (IaaS) y Plataforma como Servicio (PaaS). En la actualidad, las compras públicas representan alrededor del 15% del PIB de la UE en sectores digitales, y el Reino Unido exporta cerca de 149.000 millones de dólares en servicios digitales hacia el bloque europeo en 2025, de los cuales aproximadamente 100.000 millones dependen directamente de servicios relacionados con la nube y la inteligencia artificial.
Este contexto pone de manifiesto la magnitud del posible impacto para las empresas británicas que operan en este mercado.
Además, el análisis de techUK advierte que estos efectos negativos se acumularán con el tiempo. Se prevé que las empresas europeas ya establecidas podrían presionar para que se apliquen niveles de garantía más altos en los contratos, mientras que compradores del sector privado podrían adoptar restricciones similares a las de CADA, excluyendo aún más a compañías del Reino Unido.
TechUK también señala que la cifra máxima estimada de pérdidas probablemente es conservadora, dado que las empresas británicas enfrentarán costes adicionales para cumplir incluso con los requisitos de niveles inferiores, incluyendo auditorías anuales de cadenas de suministro, lo cual podría incrementar aún más sus costes operativos.
No obstante, la exclusión de empresas británicas también perjudicaría a la UE, ya que muchas firmas ubicadas en el Reino Unido cuentan con operaciones, empleados y redes compartidas con Europa, y no se ajustan fácilmente a una categorización por nacionalidad pura. TechUK subraya que esta situación dejaría a las entidades públicas europeas con opciones más reducidas y menos competitivas para áreas críticas como la ciberseguridad y la defensa.
Una llamada a la negociación y la cooperación
Este informe ha sido divulgado antes de la próxima Cumbre Reino Unido-UE que tendrá lugar en Bruselas el 20 de noviembre, una oportunidad que techUK considera ideal para que la UE ofrezca concesiones a proveedores británicos de servicios en la nube e inteligencia artificial.
La asociación demanda la creación de un “camino” para reconocer al Reino Unido como un socio de confianza en la contratación pública europea, basado en garantías técnicas de seguridad —como claves exclusivas para clientes, políticas de cero retención de datos, portabilidad de datos y planes de continuidad de servicio— en lugar de criterios basados en la propiedad o la nacionalidad.
Sabina Ciofu, responsable de política internacional y estrategia en techUK, advierte que sin modificaciones, la ley CADA tendría un impacto severo para las empresas británicas y también consecuencias negativas para la industria europea en general.
“Los líderes tienen una decisión clara en la cumbre Reino Unido-UE: nuestro análisis muestra que CADA podría costar al Reino Unido hasta 22.000 millones de libras en cinco años, y probablemente más al contar los costes de cumplimiento”, señaló Ciofu. “La UE tampoco gana con esta situación. Las firmas tecnológicas del Reino Unido y la UE comparten propietarios, empleados, cadenas de suministro y defensas cibernéticas. Considerar la nacionalidad como medida de seguridad rompe estos vínculos sin garantizar mayor protección. Este encuentro debe servir para acordar una asociación digital que permita confiar mutuamente y mantener una apertura recíproca”.
