La Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos a Gran Escala (EU-LISA) ha presentado una demanda judicial contra tres empresas tecnológicas, IBM Bélgica, Atos Bélgica y Leonardo, debido a repetidos retrasos en la puesta en marcha del Sistema de Entrada y Salida (EES), un proyecto crucial para el control biométrico de fronteras en la UE.
El EES, diseñado para mejorar el seguimiento de ciudadanos no comunitarios que entran y salen del espacio europeo, sustituye los métodos tradicionales de sellado manual en pasaportes por el escaneo automático de huellas dactilares y fotografías. La tecnología promete agilizar el control fronterizo y reforzar la seguridad, pero su despliegue ha estado marcado por problemas técnicos y demoras que han afectado la experiencia de viaje.
La implantación inicial sufrió retrasos significativos. Además, cuando el sistema entró en funcionamiento, se detectaron fallos como errores en el software y problemas en los escáneres de huellas dactilares, que por ejemplo dejaban de funcionar correctamente al detectar sudor en los dedos. Estas incidencias provocaron largas colas y demoras en aeropuertos europeos, generando críticas y frustración entre viajeros y operadores. 
Según ha informado el Financial Times, las comunicaciones internas entre EU-LISA y las compañías tecnológicas evidencian un enfrentamiento que se arrastra durante años. Las cartas a las que tuvo acceso el medio muestran cómo las empresas reprochan a EU-LISA una desconexión con la realidad en cuanto a los plazos propuestos para resolver los problemas, mientras la agencia alerta de crecientes costes y dificultades persistentes.
Cabe destacar que el presupuesto inicial del contrato aumentó de 142 a 212 millones de euros en 2021, reflejando la complejidad y la escala del proyecto, así como los obstáculos encontrados por el consorcio encargado.
Retrasos prolongados y acción legal
En su informe anual de 2025, EU-LISA ya había comunicado la intención de emprender acciones legales para resguardar sus intereses financieros frente a los incumplimientos del consorcio que incluía a IBM, Atos y Leonardo. El 22 de diciembre de 2025, se presentó formalmente una reclamación ante el tribunal de Estonia.
El documento oficial destaca que, debido a la fase inicial del proceso judicial, no se puede determinar aún el resultado probable del litigio.
El contrato con estas empresas no fue renovado en 2025, dando paso a nuevos proveedores: Sword Systems, Netcompany y Sopra Steria, que asumieron la gestión técnica durante el verano de 2026.
En declaraciones a ITPro, un portavoz de EU-LISA confirmó que el procedimiento legal está en marcha, subrayando que se trata únicamente de la fase de desarrollo del sistema y que no afecta a su funcionamiento actual, que se encuentra plenamente operativo.
Repercusiones en el sector aeroportuario y de viajes
La problemática puesta en marcha del sistema biométrico ha tenido un impacto significativo en el flujo de viajeros en aeropuertos del espacio Schengen, alargando excesivamente los tiempos de espera durante los controles fronterizos y generando situaciones en las que algunos pasajeros han perdido sus vuelos.
Este sistema afecta principalmente a viajeros extracomunitarios, incluido el Reino Unido. En un caso destacado, Portugal suspendió temporalmente el uso del EES ante colas de hasta siete horas en el aeropuerto de Lisboa. Posteriormente, nueve países recibieron autorización para posponer su implantación definitiva hasta enero de 2027, hasta que el sistema pueda funcionar de forma adecuada.
En septiembre, mes en el cual originalmente se esperaba que el sistema estuviera plenamente operativo, diversas asociaciones de la industria aeronáutica, como ACI EUROPE y Airlines for Europe (A4E), denunciaron que las colas continuaban alcanzando picos de hasta cinco horas, y normalmente superaban las dos horas de espera.
La situación generó fuertes críticas por parte de actores del sector. Neal McMahon, director de operaciones de Ryanair, calificó la gestión de la UE sobre el EES como “un desastre de principio a fin” y subrayó que “los pasajeros no deberían pagar el precio de un despliegue fallido por parte de la Unión Europea”.
